Los propietarios del Islote del Francés recurrirán la sentencia que resolvió que era suelo urbano no consolidado

Imagen de archivo del Islote del Francés, en Lanzarote

Natalia G. Vargas

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Continúa la batalla judicial por la joya urbanística de Arrecife: el Islote del Francés. Los propietarios de este enclave recurrirán ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que concluyó que se trataba de suelo urbano no consolidado. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Club de Golf el Cortijo S.L., propiedad de la familia Alonso Lamberti y titular del 50% de las participaciones del capital de Inversiones El Islote del Francés S.L., ha presentado un escrito de personación en el caso con el propósito de presentar un recurso de casación. 

Fuentes consultadas por esta redacción aseguran que esta empresa no tiene legitimación para personarse en el caso e insisten en que solo tiene cabida que el recurso lo presente la empresa Inversiones El Islote del Francés S.L., propiedad en un 50% de los herederos del empresario ya fallecido Jaime Cortezo y en otro 50% de la familia Alonso Lamberti. Ninguna de las fuentes de la propiedad consultadas han querido responder a las preguntas sobre la legitimación de Club de Golf el Cortijo S.L. para personarse en la causa y tampoco acerca de si los empresarios han contado con el consentimiento de la familia Cortezo.

Según ha podido saber este periódico, se presentarán dos recursos diferentes: uno por parte de Club de Golf el Cortijo S.L. y otro por Inversiones El Islote del Francés S.L. La primera de ellas ha enviado un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TJSC en la que solicita que se le dé traslado de la copia íntegra de las actuaciones judiciales que obran en el procedimiento. El objetivo: interponer un recurso de casación contra la sentencia emitida el 22 de febrero de 2024. 

Para su defensa, los dueños del 50% de la propiedad han contratado como abogado a Rafael Fernández Valverde. El letrado fue magistrado del Tribunal Supremo hasta el mes de marzo de 2022, cuando fue cesado por jubilación. Fernández Valverde entró en el Supremo en 2003, desde entonces presidió la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, la misma ante la que corresponde presentar el recurso de casación por el caso de Islote del Francés. 

El fallo del TSJC determinó que el Islote del Francés era suelo urbano no consolidado, desestimando un recurso presentado por la propiedad. La empresa exigía al Ayuntamiento de Arrecife más de 200 millones de euros por la “expropiación forzosa” de los terrenos, defendiendo que se trataba de suelo urbano consolidado. 

Sin embargo, el TSJC resolvió que para que un suelo urbano pueda ser considerado “consolidado”, este debe contar con servicio de pavimentación de la calzada, encintado de aceras y alumbrado público. Así, la Sala comparte el criterio de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, que sostienen que el Islote “no cuenta con la totalidad de su perímetro urbanizado, aún menos en su interior, donde las instalaciones originales han sido derruidas, siento en su totalidad un gran vacío”. 

El fallo establece además que el Islote del Francés “no es suelo urbano consolidado en la actualidad ni cuando se aprobó el 5 de noviembre de 2003 el planeamiento en vigor”. En 2019, Inversiones El Islote del Francés S.L. recurrió el acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias que rechazaba fijar un justiprecio para la expropiación del suelo. La sociedad limitada también impugnó el Plan General de Ordenación Arrecife, que recogió esta parcela como espacio público. En esta línea, los empresarios pedían a la corporación municipal 210 millones de euros por una supuesta expropiación forzosa de suelo urbano consolidado. 

La sentencia de febrero concluyó que el acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias “se ajusta a derecho”, y estableció que la impugnación del Plan General de Ordenación de Arrecife por una supuesta “e inexistente” infracción “está abocada al fracaso”. El Tribunal plantea que los propietarios del Islote obtendrán el aprovechamiento urbanístico de este terreno en otros suelos por compensación. En concreto, en los proyectos de reparcelación de los sectores de La Bufona y Puerto Naos.

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